[vc_row][vc_column][vc_column_text css_animation=»fadeInRight»]Por Ernesto Núñez Chacón[/vc_column_text][vc_column_text] Con el fin de cumplir con la normativa vigente, el Concejo Municipal acordó en agosto ordenar al alcalde disolver la Unidad Técnica de Gestión Vial y reubicar su personal. A pesar de que su asesor legal advirtió que Santo Domingo entraría en “mora jurídica”, el Concejo Municipal resolvió el pasado 21 de setiembre acoger un veto del alcalde, y darle casi un mes para presentar una propuesta de la reforma organizacional requerida por la Ley.
En el veto acogido, el alcalde argumentó que el acuerdo del Concejo Municipal sobre la Unidad Técnica de Gestión Vial “no sólo era ilegal sino inoportuno para la administración”, además de “carente de todo estudio técnico”. Sin embargo, Pablo Álvarez, asesor legal del órgano, refutó esto en un criterio solicitado por los mismos regidores.
Según la disertación de Álvarez, con la entrada en vigencia de la Ley 9329 y el Decreto Ejecutivo 40138-MOPT, se eliminó la figura de las Unidades Técnicas de Gestión Vial desde 2017. Además, la Contraloría General de la República avaló en 2018 “la posibilidad de que un gobierno local suprima estas unidades dejando en manos del recurso humano técnico y profesional contratado el desarrollo de las competencias de gestión vial”.
El asesor legal recordó que el acuerdo del Concejo Municipal respondió a una Auditoría Interna, cuyas recomendaciones son de acatamiento obligatorio, y que producto de esa auditoría se solicitaron a la alcaldía anterior una serie de informes técnicos sobre la posibilidad de reubicación y situación actual de la Unidad Técnica de Gestión Vial. “Son precisamente estos respaldados sobre los que se toma el acuerdo”, dice su criterio legal.
Álvarez añadió que la reubicación del personal de la Unidad Técnica de Gestión Vial bajo la Dirección de Servicios generaría un ahorro de 49 millones de colones, y presupuesto que se usa ahorita para financiarla se podría destinar 100% a calles.
A pesar del criterio legal de su asesor, el Concejo Municipal resolvió por unanimidad acoger el veto del alcalde. “Yo no estoy de acuerdo con rechazar el veto porque eso significa que este asunto iría al Tribunal Contencioso Administrativo, y nos perdemos la posibilidad de llegar a un acuerdo tranquilo poniendo como objetivo a la comunidad”, dijo el regidor Gilbert Rodriguez.
“El criterio de don Pablo Álvarez es lo que corresponde, pero si se va al Tribunal eso va a tardar como 8 meses… para no alargar más esto… me apartaría del criterio”, dijo el regidor Quirós.
La regidora Ordóñez apoyó acoger el veto del alcalde para que se le dé tiempo de presentar una propuesta de qué va a pasar con el personal de la Unidad Técnica de Gestión Vial. La regidora León apoyó que en 15 días el alcalde dijera dónde se va a reubicar a cada miembro de la Unidad.
“Aquí lo que tenemos que ver es la parte salomónica y que esto se resuelva lo más pronto posible”, dijo el Presidente Municipal Isaac Ramírez, quien presentó la moción aprobada para que el alcalde tuviera hasta el 15 de octubre para dar su propuesta para reubicar la Unidad de Gestión Técnica.
El alcalde González advirtió que ese tiempo podía ser muy poco y podría terminar pidiendo una prórroga.[/vc_column_text][vc_column_text]
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